Desde que en 2020 se introdujese el artículo 39.7 de la Ley del Impuesto de Sociedades (LIS) y se democratizase el acceso a la financiación mediante traspaso de créditos fiscales a cualquier productor, con independencia de su tamaño o volumen de producción, se han producido importantes cambios en la industria audiovisual: la Agrupación de Interés Económico (AIE) ya no es la única estructura que permite obtener financiación de inversores privados, se ha mitigado la desigualdad que genera el difícil acceso a las subvenciones públicas por la alta concurrencia y la escasez de fondos disponibles y hay un creciente y necesario financiamiento para todos los proyectos.
El llamado contrato de financiación es relativamente sencillo y permite a las producciones menores y cortometrajes recurrir a la inversión a través de las deducciones fiscales que, antes, quedaba reservada a las grandes producciones que podían asumir los costes y sofisticación de las AIE.
A pesar de la fama del sector de vivir de las subvenciones, es un hecho que es un motor económico y de riqueza, tanto por las inversiones como por el empleo que genera.
A la vista del impacto positivo de estos incentivos fiscales, las haciendas forales han querido elevar su competitividad con reformas que mejoran y flexibilizan el acceso a esta financiación. Hasta la fecha, Canarias tenía las condiciones más favorables por su particular idiosincrasia. Pero esta potestad foral de incrementar las subvenciones en sus territorios genera cierto desequilibrio en territorio común, que pierde atractivo a la hora de ser elegido como lugar de rodaje.
Si bien todo incremento de acceso a financiación es positivo, conviene pensar a medio plazo: ¿nos estamos perjudicando?, ¿resistirá la industria de territorio común la pérdida de negocio?, ¿habrá servicios y financiación para todas las producciones que se concentrarán en los territorios forales? ¿Afectará a los precios?
Es inevitable poner la vista en el futuro de nuestra industria y no sentir inquietud e incertidumbre. ¿Cabe una mayor competitividad en territorio común que impida esta desigualdad?