El sector cultural refuerza su capacidad de financiación gracias a la validación, por parte de la Comisión Europea, del régimen español de deducciones fiscales por producciones cinematográficas y audiovisuales. Se resuelve, con ello, una inquietud que afectaba tanto a productores como inversores de la industria, en cuanto a las modificaciones introducidas por el Gobierno español en los apartados 1 y 2 del art. 36 y en el art. 39 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, el “Régimen Fiscal”), que promueven la producción de obras cinematográficas y audiovisuales españolas e internacionales.
La consideración de las deducciones fiscales como ayudas de Estado cuestionaba su compatibilidad con el mercado interior y su adecuación al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ahora confirmadas en el seno de la UE. Todo ello, sin perjuicio del control ex post que las autoridades españolas competentes podrán ejercer para la correcta aplicación de las deducciones.
Este régimen de ayudas, materializadas a través de deducciones fiscales generadas por los productores, pero con posibilidad de ser trasladadas a inversores privados ajenos a la industria de la producción audiovisual, unido al tratamiento fiscal que el Gobierno español ha ido configurando, va a tener, y está teniendo, un impacto muy positivo en términos de seguridad jurídica y confianza por parte tanto de inversores como de productores.
Además, desde el punto de vista estratégico, esta resolución refuerza la posición de España como un destino atractivo para la producción internacional. La riqueza de nuestro patrimonio cultural y nuestra diversidad geográfica nos sitúan como un competidor relevante en el mercado global.
Recibo con entusiasmo este hito para nuestra cultura y economía, y espero ver muy pronto, en primera persona, su impacto a través de la actividad de nuestros productores e inversores.
